Los problemas más frecuentes que enfrentan los usuarios de servicios públicos, un abuso recurrente: la imposición de la facturación electrónica sin consentimiento. La normativa rige por la Ley de Defensa del Consumidor en los servicios de Electricidad, Gas, Cloacas, Teléfono fijo y Agua.
Las empresas de servicios públicos están obligadas a garantizar el envío de facturas físicas por correo postal. Esto busca terminar con la práctica de imponer la facturación electrónica sin consentimiento, una modalidad que afecta especialmente a los usuario mas vulnerables.
La obligación de entregar facturas en formato papel en el domicilio del usuario no es una novedad. Ya estaba contemplada para todos los servicios públicos en los artículos 4, 29, 37 y concordantes de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Estas disposiciones garantizan que los usuarios reciban información clara, veraz y accesible. Esta obligación es exigir que las empresas prioricen la facturación en papel como estándar y solo implementen el formato digital con el consentimiento expreso del usuario.
Facturación en papel como estándar, las empresas deben enviar las facturas físicas a todos los usuarios, salvo que estos opten de forma voluntaria por la modalidad electrónica.
Consentimiento expreso y trazabilidad: las distribuidoras deben guardar constancia de que el usuario eligió la facturación electrónica y asegurarse de que este cambio pueda revertirse en cualquier momento.
Sanciones por incumplimiento: las empresas que no cumplan con estas disposiciones enfrentarán sanciones administrativas y legales.
Estas medidas no solo buscan proteger a los consumidores, sino también garantizar la transparencia y el acceso igualitario a la información.